Cómo cambió la Ley Orgánica 1/2015 de Reforma del Código Penal la tramitación de los accidentes de tráfico en España

La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo de Reforma del Código Penal, entre otras cuestiones, dedicaba una parte de su articulado a la supresión de las Faltas que históricamentese regulaban en el Libro III del Código Penal y que se referían a las infracciones de menor gravedad que podían ser sancionadas por nuestros jueces dentro del ordenamiento jurídico penal. 

            Estas infracciones leves del ordenamiento jurídico que se conocían como faltas y cuya tramitación daba lugar a los conocidos Juicios de Faltas, donde se ventilaban las responsabilidades penales por acciones que comportaban penas más leves se suprimían de un plumazo y las infracciones que antes de la Reforma eran contempladas como Faltas (la mayoría de las que se producían con ocasión del  tráfico en nuestras carreteras) o bien pasan a tipificarse como delitos leves  porque el Legislador considera que eran acciones que debían seguir sancionándose penalmente o bien (como sucedía con  muchas de las conductas causantes de los accidentes de circulación) salían del ámbito penal y se integraban en algunos casos dentro del Derecho administrativo sancionador o pasaban a ser exclusivo objeto del Orden Civil. 

La incidencia de dicha nueva regulación en la tramitación de los accidentes de tráfico, so pretexto de limitar la intervención del Derecho Penal en la regulación de la vida de las personas y a su vez contribuir a descargar de trabajo a los Juzgados de Instrucción, resultaba tan directa que limitaba de manera radical el número de casos de accidentes de tráfico con lesionados que accedían a la vía penal, a la cual sólo podían acceder los casos de mayor gravedad tanto por la trascendencia de la gravedad de imprudencia cometida por el causante como por la gravedad de las lesiones que se causaban en el accidente en cuestión. 

En efecto, desde la Ley Orgánica 1/2015 la realidad es que los Juzgados de Instrucción apenas instruían causas penales por hechos de la circulación como no fueran aquéllos causados por conductores en que interviniera la previa ingesta de alcohol o drogas, en los casos en que concurriesen muy llamativos excesos de velocidad o en aquellos adornados con imprudencias gravísimas, donde se produjeran igualmente el fallecimiento de víctimas o la causación de graves lesiones, quedando así la mayoría de las imprudencias que se cometían en la circulación de vehículos impune, ello pese a la graves y efectivas incidencias negativas que podía acarrear en la vida de los perjudicados las lesiones que se le hubieran causado en este tipo de siniestros. 

            La realidad que nos dejó la modificación normativa en el campo de los siniestros de tráfico era la efectiva despenalización de las conductas menos graves que causasen lesiones del artículo 147.1 del Código Penal, constituidas por aquellas lesiones menos graves que requiriesen objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, por lo que, exceptuando las graves lesiones de los artículos 149 del Código Penal(por ejemplo, la pérdida o inutilidad de un órgano principal o una grave deformidad) y 150 del mismo Código (por ejemplo, la pérdida o inutilidad de un órgano no principal o una deformidad menos grave), todas las demás lesiones habituales (al estilo de un síndrome postraumáticos cervical, una hernia o protusión discal cervical o lumbar, las fracturas óseas o las lesiones ligamentosas operadas o no) causadas por imprudencia menos grave en los accidentes de tráfico quedaban fuera del ámbito de los Juzgados de Instrucción, los cuales rechazaban de inmediato y sin mucho miramiento cualquier intento de someter a su jurisdicción las consecuencias de un siniestro de tráfico donde no se hayan producido las graves lesiones de los artículos 149 y 150 que antes hemos reseñado y que, afortunadamente para todos nosotros como posibles victimas de un siniestro de tráfico, son las menos habituales.

            En principio, pues, desde la reforma del Código Penal del año 2015 sólo las lesiones de gran entidad ya subrayadas tendrán cabida bajo el paraguas de un procedimiento penal siendo lo cierto que además era necesario un segundo requisito cual es que pueda predicarse una cierta gravedad respecto de la imprudencia cometida por el causante del siniestro, gravedad que el Código Penal no gradúa por lo que nos veíamos obligados a acudir al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que deslinda la frontera entre los distintos tipos de infracciones administrativas según su gravedad, de las cuales sólo las infracciones graves (en algunos casos) y las muy graves, respectivamente recogidas en los artículos 76 y 77 de la Ley de Seguridad Vial, tendrán virtualidad para que puedan imputarse a los conductores responsables por delitos contra la Seguridad Vial, dando lugar efectivamente a un procedimiento penal.   

Una vez que sabíamos  cuáles eran las lesiones que el Código Penal reformado venía a considerar de la suficiente gravedad (por ejemplo, la amputación de una pierna, una ceguera o la desfiguración de un rostro) como para que pudiera dar lugar a actuaciones de tipo penal, aún quedaba saber a qué criterio debía responder una actuación imprudente en la conducción para ser considerada grave y que era el otro aspecto trascendente para que los Juzgados de Instrucción (del Orden Penal)  pusieran en marcha la maquinaria de la instrucción de una causa contra el causante de un accidente con todas las garantías legales que eso conllevaba para la víctima de un siniestro  de tráfico.

Toda esa exigencia de requisitos mínimos tanto en lo relativo a la gravedad de las lesiones como en lo tocante a la propia gravedad de la imprudencia ha provocado una drástica disminución de las reclamaciones contra los responsables de los accidentes y por ende de las reclamaciones contra las Compañías de Seguros pues, ante las restricciones que la Ley y los Tribunales planteaban para el acceso a los Juzgados de instrucción en el caso de lesiones no se consideraban de la suficiente gravedad, el perjudicado en un accidente de tráfico (en algunos casos con lesiones de gravedad que sí afectan a su desenvolvimiento habitual pudiendo causar bajas laborales de larga duración) se veían obligados a recurrir a la vía civil para poder acceder a la justa indemnización que le corresponde

Aquélla sutil modificación de la Ley en la práctica afectó extraordinariamente a la manera en que los Tribunales tramitaban los accidentes de tráfico con lesionados, de tal manera que la inmensa mayoría de los siniestros con lesiones obligaban al perjudicado a iniciar por su cuenta y riesgo acciones civiles contra los responsables y sus Compañías aseguradoras, lo que, además de acarrear ya “de entrada” un necesario desembolso económico en la contratación de profesionales del Derecho (Abogado y Procurador) que gestionasen nuestra reclamación,  nos iba a exigir  la contratación a expensas del perjudicado de  un perito médico experto en la valoración del daño, figura que se tornaba entonces imprescindible para sostener una adecuada valoración de los daños que se nos hubieran causado. 

Pues bien, eso acaba de cambiar de nuevo tanto pues, por fin, las víctimas de los accidentes de tráfico pueden volver a obtener lo que en gran parte les quitó la criticable despenalización de los accidentes de tráfico por obra y gracia de la LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal de tal modo que el 2 de marzo de 2019 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente, cuya entrada en vigor se produce al día siguiente, 3 de marzo de 2019.

Con la entrada en vigor de la novísima normativa, se palia en gran medida la reforma efectuada en el año 2015 y se vuelve a una situación mucho más sensible respecto del trato a las victimas de los siniestros de tráfico que iremos explicando en sucesivos textos y que devuelve la tramitación de muchos de los casos por accidente de tráfico a la jurisdicción penal con las ventajas y beneficios que ello conlleva para las inocentes victimas de los accidentes de circulación.  

Alejandro Lacasa González